La Universidad de Panamá, a través de una nota enviada por el Consejo Administrativo, solicitó a la Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconsiderar el rechazo reiterado de los traslados presupuestarios requeridos para ejecutar el pago de la gratificación anual correspondiente a los servidores públicos de la institución.
El rector de la casa de estudios superiores, Dr. Eduardo Flores Castro, explicó que, pese a que las solicitudes cumplen con los criterios de “responsabilidad fiscal, legalidad y disponibilidad presupuestaria”, los trámites han sido negados bajo el concepto de contención del gasto.
Por ello, la administración universitaria pidió que estos argumentos sean reevaluados, dado que —según señalan— se trata de un compromiso laboral respaldado por el marco legal vigente.
El Consejo Administrativo de la Casa de Méndez Pereira recordó que este beneficio está contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo 2024-2028, publicada en Gaceta Oficial, y constituye un derecho adquirido para los colaboradores.
Desde inicios de 2025, la institución ha gestionado diversos traslados internos con el propósito de reforzar el renglón presupuestario destinado a gratificaciones, sustentados en ahorros reales generados mensualmente en el rubro de Servicios Personales; sin embargo, de todas las solicitudes presentadas, únicamente una fue refrendada en abril.
"Las restantes, que permanecieron sin respuesta durante meses, fueron rechazadas a finales de junio, lo que afecta el cumplimiento de obligaciones laborales reconocidas institucional y legalmente", comentó el rector.
La institución detalló que los fondos provienen de ahorros generados por licencias sin sueldo, jubilaciones, renuncias y fallecimientos, por lo que “no implican incrementos en el gasto, no afectan el techo global y no contravienen las medidas de contención”.
Agrega Flores Castro que esta solicitud se ajusta a las prácticas de gestión responsable establecidas en la normativa vigente.
El pago de la gratificación —indica la nota enviada al MEF— se fundamenta en el artículo 103 de la Constitución Política, la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá que garantiza autonomía administrativa y presupuestaria, la Convención Colectiva 2024-2028, y acuerdos del Consejo Académico que autorizaron dicho desembolso para la vigencia 2025.
La administración universitaria advirtió que los rechazos reiterados a pesar de la sustentación técnica y jurídica presentada generan preocupación en la comunidad académica y comprometen el cumplimiento de la Convención Colectiva, situación que podría afectar el clima institucional de confianza y estabilidad.
